Ensayo sobre los privilegios
Recobro el título utilizado por l’abbe Sieyes cuando en 1778 publicó sus famosos opúsculos: uno de los cuales con el nombre de hoy rescato; y, el otro que es EL ESTADO LLANO (1798), en los cuales desarrolló “un proceso revolucionario” para la transformación del gobierno que en ese momento coincidía con el inmenso poder de los absolutismos reales.
Sieyes denunció los abusos, los atropellos y las injusticias cometidas por “una nación dentro de la nación” conformada por los privilegiados prepotentes y odiosos que imponían sus mezquinos intereses sobre postulados de igualdad y fraternidad.
Al abrazar la causa del pueblo, Sieyes dijo: “todos los privilegiados son por naturaleza injustos, odiosos y contradictorios” y a fines del siglo XVIII alcanzaron (como ahora) el honor de ser una carga pesada y estéril para el país; muchas veces “bajo el término hipócrita de privilegios honoríficos que esconden casi siempre intereses pecuniarios”.
“Si un privilegiado experimenta la más mínima dificultad procedente de la clase que desprecia, se irrita, se siente herido en sus privilegios, cree estarlo en sus bienes, en su propiedad; inmediatamente se excita e inflama a todos sus coprivilegiados, y acaba por constituir una terrible confederación, dispuesta a sacrificarlo todo en defensa del mantenimiento y amento de sus odiosas prerrogativas”.
En ese entonces el origen de los privilegios se apoyaba en mercedes y mandamientos reales que cayeron triturados cuando los estados generales se convirtieron en Asamblea Nacional, en donde memorables sesiones engrandecidas por Mirabeau, Danton, Marat y Robespierre, el incorruptible, eliminaron las ventajas de la nobleza con los golpes implacables de la guillotina.
Paradójicamente, Sieyes, de quien afirma el historiador G. Lefebre que “el aspecto social de la revolución popular le atemorizó” (como entre nosotros al presidente López Pumarejo), se convierte en el inspirador del golpe de 18 Brumario que convierte al heroico general de los descamisados en el emperador Bonaparte, quien restaura los privilegios anulados por la primera constitución revolucionaria.
Al reunirse los Estados Generales convocados por Luis XVI. Los notables, los nobles, el alto clero, el parlamento, protestaron por las reformas fiscales auspiciadas por Necker, actitud que estimuló el descontento del pueblo, sacudiendo el marasmo de una masa empobrecida que trazó para la historia el imponente espectáculo de la revolución francesa (1789-1799).
Cuando Bonaparte anuló las conquistas del Estado Llano, la libertad, la igualdad y la fraternidad se refugiaron en la Constitución de Filadelfia, que se convirtió en la inspiración de las eufemísticas constituciones latinoamericanas utilizadas torticeramente por las insaciables oligarquías locales.
En Colombia, la que así misma se denomina con orgullo: LA CLASE POLÍTICA, ha sobrepasado en mucho las ventajas y gollerías de las antiguas noblezas, y ha establecido execrables privilegios hereditarios, que como afirma el ecuatoriano Abdón Ubidia son “atracos a mano desarmada”.
Para ilustrar tan repugnante iniquidad basta un ejemplo:
Frente a un salario mínimo de $ 408.000 para los trabajadores del país; los legisladores, auspiciados por un sistema económico arbitrario e injusto, se regodean con un salario mínimo de $ 18.000.000 como honorarios, y $20.400.000 para el libre nombramiento de asesores, con la aldehala de vehículos, computadores, celulares, festejos, condecoraciones, adosados con un crónico ausentismo.
Estos afrentosos privilegios son el soporte de una falsa democracia.
Y es que en los países de la democracia formal, la historia se acomoda a los intereses de la clase que maneja el momento en que se vive.
La historia ha representado la Revolución Francesa (1789), como una de las grandes conquistas del pueblo. (El Estado Llano) al implantar en la Convención, los conceptos de libertad, igualdad y fraternidad. Pero ha ocultado el logro importantísimo de la Revolución Rusa, con el surgimiento de los Soviets, como producción espontánea de los trabajadores en los acontecimientos de 1907, que convirtieron en hechos tangibles las afirmaciones de Abraham Lincon quien dijo, que en una sociedad justa debe imperar “El gobierno del pueblo, ejercido por el pueblo y para el pueblo”.
La creación espontánea de los Comités Populares (Soviets) en 1905, impulsada por el cura ortodoxo Jorge Apollonovich Gapón, culminó en el domingo sangriento, y engendró un nuevo tipo de representante político originado en los mismos hechos, y quien no estaba separado del pueblo, puesto que no permanecía en los sitios de su elección, ya que continuaba en su lugar de trabajo con un salario igual al de sus compañeros de lucha.
La represión zarista produjo unos mil muertos y varios centenares de heridos y con su brutal actuación erosionó la fe ingenua que el pueblo ruso tenía por su padrecito zar”, originando la formación de los soviet con diputados de Moscú, Petrogrado y otras ciudades del imperio. Al mismo tiempo se desarrollaron soviet de solados y campesinos que se convirtieron en primitivos legisladores, verdaderos servidores de la colectividad, sin ningún tipo de remuneración por sus servicios a la causa.
Fueron unas entidades muy diferentes a los concejos municipales creados por la Constitución de Filadelfia en 1784.
Jorge Apollonovich Gapón, perseguido por la represión zarista se refugió en Finlandia y allí fue asesinado, siguiendo los métodos diseñados por las plutocracias de todos los países para eliminar a los servidores de la causa popular. En América, podemos señalar como ilustres víctimas de tan repugnante sistema; a Francisco Madero y Emiliano Zapata, en México; Eloy Alfaro, en Ecuador; Augusto César Sandino, en representantes de pueblo por ejemplo: la constitución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, expedida en la sesión extraordinaria de la novena legislatura del 7 de octubre de 1977 (24 años después de la muerte de José Stalin), dice el capítulo 14 artículo 104:
“El diputado desempeña sus funciones sin abandonar sus actividades profesionales”.
Durante las sesiones del Soviet, así como para que pueda atender a sus funciones en otros caso previsto en la ley, el diputado es eximido del cumplimiento de sus obligaciones profesionales con el derecho a la percepción del salario medio en su lugar de trabajo o permanente. Como el Estado moderno es una institución que compromete y orienta la totalidad de la vida de una sociedad, las oligarquías fomentan la conformación de partidos, para que a través de los mismos, que son simples empresas mercantiles, capturar todos los organismos del mismo y, desde arriba hacia abajo, imponer acciones del gobierno para su exclusivo provecho, así logran que las corporaciones públicas produzcan una legislación amañada en beneficio de quienes la elaboraron, teniendo especial cuidado en proteger sus privilegios.
La industria electoral, que por sus beneficios se puede considerar como la más rentable del país, se fracciona en tantas compañías comerciales, como partidos legalmente constituidos y así ha logrado un enjambre de Leyes Electorales para organizar verticalmente sus diferentes organizaciones: concejos, gobernaciones, asambleas y congreso, quienes en su contorno agrupan funcionarios y empleados, que se convierten en cazadores de votos para los patrones que impusieron sus nombramientos. Las organizaciones establecidas tienen una gran ventaja sobre quienes aspiran a remplazarlas porque tienen en su mano el poder y los recursos económicos del Estado.
Por eso en la actual convocatoria a elecciones se observa que los partidos buscan para encabezar las listas a funcionarios en ejercicio que en la mayoría de los casos son personales desconocidos, pero que. Por pertenecer a las instituciones en juego aventajan a los aspirantes a sucederlos.
Creo necesario delinear desde la visión de un organizador de empresas, el mercado y los beneficios que persiguen.
El producto objeto del comercio es el voto ya que resulta indispensable la captación del mismo para asaltar las estructuras del Estado y para beneficiarse de los dineros públicos manejados por estas entidades.
El voto convertido en artículo de comercio se pervierte desapareciendo como la forma de expresar el pensamiento de los miembros de la colectividad, tal como imaginaron Jhon Locke, Juan Jacobo Rosseau, Thomas Paine y Thomas Jefferson.
Este voto mercancía es la materia prima de esta industria que no forma parte de la ANDI, ya que la ANDI es uno de los pilares de la misma.
El objeto de esta industria es apoderarse del Estado, que comprende y maneja todos los elementos económicos, sociales, culturales y psicológicos. En este comercio infame, ante la imposibilidad de ubicarse en las grandes corrientes ideológicas del pensamiento universal, estos buhoneros del sufragio rotulan sus módulos mercantiles con nombres y etiquetas que terminan por convertirse en altisonantes mamarrachadas.
Los grandes jefes políticos no son ya los caudillos del pueblo, que enardecían las multitudes en las plazas públicas, sino los mañosos negociadores que acumulan poder disponiendo de empleos y otorgando concesiones y contratos a cargo de los dineros públicos.
Una democracia formal como la nuestra, presenta partidos dse gobierno y de oposición, que en ambos casos salieron de la industria electoral. Los primeros obtienen una mejor tajada en el reparto de utilidades. “los mismos con las mismas”, como afirmaba Jorge Eliécer Gaitán. Los debates en los congresos aplastados por el miedo y la cobardía, se convierten en un cotorreo-espectáculo, donde sus promotores buscan únicamente hacerse notar como brillantes posibilidades para el manejo de la industria electoral.
La diferencia entre un jenízaro del Polo Democrático y otro de los partidos del gobierno, estriba en que, el primero no tiene súbditos dentro del aparato gubernamental; y el segundo si los tiene con la adehala de privilegios y contratos que esta situación implica.
En las elecciones previstas para el mes de octubre del presente año, con el fin de elegir unos 12.000 cargos, aproximadamente se han postulado más de 80.000 aspirantes, que lo único que pretenden es alcanzar ostentosos sillones en el mercado electoral; tratando quienes los detentan de conservar su ventaja, buscando los emergentes, desplazarlos con el manejo de costosas inversiones. Los primeros compran los votos con dineros del presupuesto, y los segundos con dineros de cualquier origen, sin tener en cuenta la legalidad de su procedencia.
La convocatoria es el anuncio de una incómoda rebatiña para lucir las ínfulas de nuestra farsa democrática.
“Mal tiempo para votar se quejó el presidente electoral número catorce después de cerrar con violencia el paraguas empapado”. Como lo escribió José Saramago en su ensayo sobre la lucidez ante el panorama desolador de candidatos calificados y descalificados que buscan exclusivamente conquistar privilegios dentro de la perversa industria, quisiera un desenlace parecido al presentado por el famoso novelista:
“Los votos válidos no llegaban a veinticinco por ciento, distribuidos entre el partido de la derecha, trece por ciento, partido medio nueve por ciento, partido de la izquierda, dos y medio por ciento. Poquísimos votos nulos, poquísimas abstenciones. Todos los otros, más del setenta por ciento de la totalidad, estaban en blanco”.
Recobro el título utilizado por l’abbe Sieyes cuando en 1778 publicó sus famosos opúsculos: uno de los cuales con el nombre de hoy rescato; y, el otro que es EL ESTADO LLANO (1798), en los cuales desarrolló “un proceso revolucionario” para la transformación del gobierno que en ese momento coincidía con el inmenso poder de los absolutismos reales.
Sieyes denunció los abusos, los atropellos y las injusticias cometidas por “una nación dentro de la nación” conformada por los privilegiados prepotentes y odiosos que imponían sus mezquinos intereses sobre postulados de igualdad y fraternidad.
Al abrazar la causa del pueblo, Sieyes dijo: “todos los privilegiados son por naturaleza injustos, odiosos y contradictorios” y a fines del siglo XVIII alcanzaron (como ahora) el honor de ser una carga pesada y estéril para el país; muchas veces “bajo el término hipócrita de privilegios honoríficos que esconden casi siempre intereses pecuniarios”.
“Si un privilegiado experimenta la más mínima dificultad procedente de la clase que desprecia, se irrita, se siente herido en sus privilegios, cree estarlo en sus bienes, en su propiedad; inmediatamente se excita e inflama a todos sus coprivilegiados, y acaba por constituir una terrible confederación, dispuesta a sacrificarlo todo en defensa del mantenimiento y amento de sus odiosas prerrogativas”.
En ese entonces el origen de los privilegios se apoyaba en mercedes y mandamientos reales que cayeron triturados cuando los estados generales se convirtieron en Asamblea Nacional, en donde memorables sesiones engrandecidas por Mirabeau, Danton, Marat y Robespierre, el incorruptible, eliminaron las ventajas de la nobleza con los golpes implacables de la guillotina.
Paradójicamente, Sieyes, de quien afirma el historiador G. Lefebre que “el aspecto social de la revolución popular le atemorizó” (como entre nosotros al presidente López Pumarejo), se convierte en el inspirador del golpe de 18 Brumario que convierte al heroico general de los descamisados en el emperador Bonaparte, quien restaura los privilegios anulados por la primera constitución revolucionaria.
Al reunirse los Estados Generales convocados por Luis XVI. Los notables, los nobles, el alto clero, el parlamento, protestaron por las reformas fiscales auspiciadas por Necker, actitud que estimuló el descontento del pueblo, sacudiendo el marasmo de una masa empobrecida que trazó para la historia el imponente espectáculo de la revolución francesa (1789-1799).
Cuando Bonaparte anuló las conquistas del Estado Llano, la libertad, la igualdad y la fraternidad se refugiaron en la Constitución de Filadelfia, que se convirtió en la inspiración de las eufemísticas constituciones latinoamericanas utilizadas torticeramente por las insaciables oligarquías locales.
En Colombia, la que así misma se denomina con orgullo: LA CLASE POLÍTICA, ha sobrepasado en mucho las ventajas y gollerías de las antiguas noblezas, y ha establecido execrables privilegios hereditarios, que como afirma el ecuatoriano Abdón Ubidia son “atracos a mano desarmada”.
Para ilustrar tan repugnante iniquidad basta un ejemplo:
Frente a un salario mínimo de $ 408.000 para los trabajadores del país; los legisladores, auspiciados por un sistema económico arbitrario e injusto, se regodean con un salario mínimo de $ 18.000.000 como honorarios, y $20.400.000 para el libre nombramiento de asesores, con la aldehala de vehículos, computadores, celulares, festejos, condecoraciones, adosados con un crónico ausentismo.
Estos afrentosos privilegios son el soporte de una falsa democracia.
Y es que en los países de la democracia formal, la historia se acomoda a los intereses de la clase que maneja el momento en que se vive.
La historia ha representado la Revolución Francesa (1789), como una de las grandes conquistas del pueblo. (El Estado Llano) al implantar en la Convención, los conceptos de libertad, igualdad y fraternidad. Pero ha ocultado el logro importantísimo de la Revolución Rusa, con el surgimiento de los Soviets, como producción espontánea de los trabajadores en los acontecimientos de 1907, que convirtieron en hechos tangibles las afirmaciones de Abraham Lincon quien dijo, que en una sociedad justa debe imperar “El gobierno del pueblo, ejercido por el pueblo y para el pueblo”.
La creación espontánea de los Comités Populares (Soviets) en 1905, impulsada por el cura ortodoxo Jorge Apollonovich Gapón, culminó en el domingo sangriento, y engendró un nuevo tipo de representante político originado en los mismos hechos, y quien no estaba separado del pueblo, puesto que no permanecía en los sitios de su elección, ya que continuaba en su lugar de trabajo con un salario igual al de sus compañeros de lucha.
La represión zarista produjo unos mil muertos y varios centenares de heridos y con su brutal actuación erosionó la fe ingenua que el pueblo ruso tenía por su padrecito zar”, originando la formación de los soviet con diputados de Moscú, Petrogrado y otras ciudades del imperio. Al mismo tiempo se desarrollaron soviet de solados y campesinos que se convirtieron en primitivos legisladores, verdaderos servidores de la colectividad, sin ningún tipo de remuneración por sus servicios a la causa.
Fueron unas entidades muy diferentes a los concejos municipales creados por la Constitución de Filadelfia en 1784.
Jorge Apollonovich Gapón, perseguido por la represión zarista se refugió en Finlandia y allí fue asesinado, siguiendo los métodos diseñados por las plutocracias de todos los países para eliminar a los servidores de la causa popular. En América, podemos señalar como ilustres víctimas de tan repugnante sistema; a Francisco Madero y Emiliano Zapata, en México; Eloy Alfaro, en Ecuador; Augusto César Sandino, en representantes de pueblo por ejemplo: la constitución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, expedida en la sesión extraordinaria de la novena legislatura del 7 de octubre de 1977 (24 años después de la muerte de José Stalin), dice el capítulo 14 artículo 104:
“El diputado desempeña sus funciones sin abandonar sus actividades profesionales”.
Durante las sesiones del Soviet, así como para que pueda atender a sus funciones en otros caso previsto en la ley, el diputado es eximido del cumplimiento de sus obligaciones profesionales con el derecho a la percepción del salario medio en su lugar de trabajo o permanente. Como el Estado moderno es una institución que compromete y orienta la totalidad de la vida de una sociedad, las oligarquías fomentan la conformación de partidos, para que a través de los mismos, que son simples empresas mercantiles, capturar todos los organismos del mismo y, desde arriba hacia abajo, imponer acciones del gobierno para su exclusivo provecho, así logran que las corporaciones públicas produzcan una legislación amañada en beneficio de quienes la elaboraron, teniendo especial cuidado en proteger sus privilegios.
La industria electoral, que por sus beneficios se puede considerar como la más rentable del país, se fracciona en tantas compañías comerciales, como partidos legalmente constituidos y así ha logrado un enjambre de Leyes Electorales para organizar verticalmente sus diferentes organizaciones: concejos, gobernaciones, asambleas y congreso, quienes en su contorno agrupan funcionarios y empleados, que se convierten en cazadores de votos para los patrones que impusieron sus nombramientos. Las organizaciones establecidas tienen una gran ventaja sobre quienes aspiran a remplazarlas porque tienen en su mano el poder y los recursos económicos del Estado.
Por eso en la actual convocatoria a elecciones se observa que los partidos buscan para encabezar las listas a funcionarios en ejercicio que en la mayoría de los casos son personales desconocidos, pero que. Por pertenecer a las instituciones en juego aventajan a los aspirantes a sucederlos.
Creo necesario delinear desde la visión de un organizador de empresas, el mercado y los beneficios que persiguen.
El producto objeto del comercio es el voto ya que resulta indispensable la captación del mismo para asaltar las estructuras del Estado y para beneficiarse de los dineros públicos manejados por estas entidades.
El voto convertido en artículo de comercio se pervierte desapareciendo como la forma de expresar el pensamiento de los miembros de la colectividad, tal como imaginaron Jhon Locke, Juan Jacobo Rosseau, Thomas Paine y Thomas Jefferson.
Este voto mercancía es la materia prima de esta industria que no forma parte de la ANDI, ya que la ANDI es uno de los pilares de la misma.
El objeto de esta industria es apoderarse del Estado, que comprende y maneja todos los elementos económicos, sociales, culturales y psicológicos. En este comercio infame, ante la imposibilidad de ubicarse en las grandes corrientes ideológicas del pensamiento universal, estos buhoneros del sufragio rotulan sus módulos mercantiles con nombres y etiquetas que terminan por convertirse en altisonantes mamarrachadas.
Los grandes jefes políticos no son ya los caudillos del pueblo, que enardecían las multitudes en las plazas públicas, sino los mañosos negociadores que acumulan poder disponiendo de empleos y otorgando concesiones y contratos a cargo de los dineros públicos.
Una democracia formal como la nuestra, presenta partidos dse gobierno y de oposición, que en ambos casos salieron de la industria electoral. Los primeros obtienen una mejor tajada en el reparto de utilidades. “los mismos con las mismas”, como afirmaba Jorge Eliécer Gaitán. Los debates en los congresos aplastados por el miedo y la cobardía, se convierten en un cotorreo-espectáculo, donde sus promotores buscan únicamente hacerse notar como brillantes posibilidades para el manejo de la industria electoral.
La diferencia entre un jenízaro del Polo Democrático y otro de los partidos del gobierno, estriba en que, el primero no tiene súbditos dentro del aparato gubernamental; y el segundo si los tiene con la adehala de privilegios y contratos que esta situación implica.
En las elecciones previstas para el mes de octubre del presente año, con el fin de elegir unos 12.000 cargos, aproximadamente se han postulado más de 80.000 aspirantes, que lo único que pretenden es alcanzar ostentosos sillones en el mercado electoral; tratando quienes los detentan de conservar su ventaja, buscando los emergentes, desplazarlos con el manejo de costosas inversiones. Los primeros compran los votos con dineros del presupuesto, y los segundos con dineros de cualquier origen, sin tener en cuenta la legalidad de su procedencia.
La convocatoria es el anuncio de una incómoda rebatiña para lucir las ínfulas de nuestra farsa democrática.
“Mal tiempo para votar se quejó el presidente electoral número catorce después de cerrar con violencia el paraguas empapado”. Como lo escribió José Saramago en su ensayo sobre la lucidez ante el panorama desolador de candidatos calificados y descalificados que buscan exclusivamente conquistar privilegios dentro de la perversa industria, quisiera un desenlace parecido al presentado por el famoso novelista:
“Los votos válidos no llegaban a veinticinco por ciento, distribuidos entre el partido de la derecha, trece por ciento, partido medio nueve por ciento, partido de la izquierda, dos y medio por ciento. Poquísimos votos nulos, poquísimas abstenciones. Todos los otros, más del setenta por ciento de la totalidad, estaban en blanco”.
